De acuerdo con la Ley 1715 de 2014, la “eficiencia energética” es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser maximizada a través de buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de combustibles. La misma ley indica que, mediante la eficiencia energética, se aspira a obtener el mayor provecho de la energía, bien sea a partir del uso de una forma primaria de energía o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos naturales renovables.

Esta definición de eficiencia energética se relaciona con el concepto de “uso racional y eficiente de la energía” (URE), establecido en la Ley 697 de 2001 y declarado por la misma ley como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional. La Ley 697 definió el URE como el aprovechamiento óptimo de la energía en cada una de las cadenas energéticas, abarcando la selección de la fuente energética, así como su producción, transformación, transporte, distribución y consumo e incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas las actividades de la cadena el desarrollo sostenible.

En vista de lo anterior, la eficiencia energética es el uso de la energía de forma óptima para realizar una actividad o producir bienes o servicios, de manera que se reduzca el consumo energético sin comprometer la calidad en la prestación del servicio.

La eficiencia energética se logra por medio de la implementación de nuevas tecnologías, prácticas y políticas que disminuyan la pérdida de energía y amplifiquen o maximicen su aprovechamiento. En el caso colombiano, se destacan las siguientes normas relacionadas (a modo de ejemplo y sin el ánimo de presentar una lista exhaustiva):

  • Ley 697 de 2001, que promueve el URE en todos los sectores de la economía.

  • Ley 1715 de 2014, que definió las nociones de eficiencia energética y gestión eficiente de la energía, y tomó medidas para promoverlas.

  • Resolución 40156 de 2022 del MME, que adoptó el Plan de Acción Indicativo 2022-2030 para el desarrollo del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE), definiendo objetivos y metas indicativas de eficiencia energética, acciones y medidas sectoriales y estrategias base para el cumplimiento de metas.

  • Regulación expedida por la CREG en relación con la infraestructura de medición avanzada (AMI), incluyendo la Resolución 101 001 de 2022.

Con respecto a la eficiencia energética, es importante tener en cuenta cierto fenómeno conocido como la paradoja de Jevons. Esta paradoja establece que, a largo plazo, un aumento en la eficiencia en el uso de recursos generará un aumento en el consumo de esos mismos recursos, en lugar de una disminución (Giampietro y Mayumi, 2018). Comprender este fenómeno es crucial en el contexto de la TEJ, ya que permite cuestionar las narrativas que promueven mejoras en la eficiencia energética como la estrategia central en el proceso de transformación e incluso como una herramienta efectiva para reducir los niveles de producción y consumo de energía.

Si las políticas y normas diseñadas para promover la TEJ no incorporan mecanismos realmente efectivos para fomentar reducciones en la producción y consumo de energía (véase  Decrecimiento), será difícil abordar de manera efectiva los problemas sociales, ambientales y climáticos que la TEJ debe solucionar.