La noción de “enfoque de género” responde a las discusiones contemporáneas que buscan reivindicar la figura de la mujer, históricamente sometida a estructuras de dominación patriarcales que restringen su valor y reconocimiento a roles sociales específicos. Aunque la legislación colombiana no ofrece una definición estructurada del enfoque de género, existen diversas aproximaciones en los diferentes niveles de gobierno y en la jurisprudencia.
De acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía Mayor de Bogotá para el año 2024, el enfoque de género se entiende como “un presupuesto técnico, político, analítico y orientador de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género”, que se define como “el reconocimiento y transformación de las relaciones de poder jerarquizadas que subordinan a las mujeres, producen discriminación y desigualdad de género, lo que debe eliminarse”.
Para el Ministerio de Justicia, el enfoque de género es una herramienta teórica de análisis que identifica los roles sociales atribuidos a hombres y mujeres, con el fin de crear políticas públicas para promover la igualdad en el desarrollo de la sociedad. En palabras de la entidad:
El enfoque de género es una creación conceptual, donde una vez identificados los distintos roles sociales que se les atribuyen a los hombres o mujeres, se logran crear políticas públicas, planes Nacionales que permitan una igualdad en el desarrollo de la sociedad, lo que esto implica es un desarrollo real en aspectos de la vida económica, social, privada/pública de los individuos sin que sus características biológicas y/o sociales determinen sus condiciones de vida. (Ministerio de Justicia y del Derecho, s. f.)
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final) abordó el concepto de enfoque de género en diversas secciones. Por ejemplo, en los principios generales de implementación, se establece que el enfoque de género implica el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres como consecuencia del conflicto armado interno.
A este respecto, el texto del Acuerdo Final señala:
En el presente Acuerdo el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. (Gobierno nacional de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 192)
Según la jurisprudencia de la CC, el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas que combatan la violencia contra la mujer y aborden la problemática desde la perspectiva de género. La CC ha explicado que el análisis de género es una herramienta teórico-metodológica que permite examinar sistemáticamente las prácticas y roles desempeñados por mujeres y hombres en contextos económicos, políticos, sociales o culturales específicos. Este análisis facilita la comprensión de cómo se producen y reproducen las relaciones de género dentro de una problemática específica, y ayuda a identificar los ajustes institucionales necesarios para lograr la equidad entre los géneros.
Además, la CC ha indicado que el análisis de género debe aplicarse en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. En este contexto, implica identificar y considerar las necesidades diferenciadas por género para garantizar que las políticas públicas contribuyan efectivamente a mejorar la condición y posición social de las mujeres, especialmente en lo que respecta al acceso y control de recursos y su capacidad de decisión (Sentencia T-028 de 2023, consideración jurídica n.° 48).
Las definiciones propuestas por las entidades citadas dejan claro que el reconocimiento del enfoque de género es crucial para desafiar las narrativas que históricamente han excluido a las mujeres de los procesos sociales, permitiendo así la reivindicación de los derechos de los cuerpos feminizados en Colombia.
Para tener en cuenta
En nuestro contexto, las mujeres lideresas, en su mayoría rurales, son símbolos de resistencia al romper con patrones y dinámicas impuestas, elevando sus voces en la implementación de alternativas sociales, ambientales y ecológicas que desafían estructuras patriarcales, coloniales, depredadoras, militares y capitalistas (Rátiva-Gaona, 2021, p. 170). El desafío radica en que el Estado asuma y cumpla su responsabilidad de cerrar las brechas de género para lograr escenarios de dignificación y reconocimiento de las mujeres en la sociedad.
La justicia ambiental con enfoque de género nos lleva a centrar nuestra atención en movimientos sociales como el ecofeminismo, que reconoce la estrecha relación entre la mujer y el medio ambiente mediante una reconsideración de las estructuras de poder patriarcales y su conexión con la degradación ambiental. El ecofeminismo sostiene que las mismas fuerzas que oprimen a las mujeres son las que explotan y destruyen el entorno natural, siendo este el punto donde se entrelaza la resistencia de las mujeres (véase Veganismo).
ONU Mujeres América Latina y el Caribe (2023), por su parte, explica que el ecofeminismo, como fundamento de justicia y resiliencia ambiental:
Nos convoca a liderar la transformación, nos desafía a abordar de raíz la opresión y la explotación, a derribar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y a nutrir una relación con la naturaleza. Mediante diálogo, colaboración y acción conjunta, tejemos el cambio que une a la humanidad y el planeta.
En el caso colombiano, el ecofeminismo ha posibilitado que las mujeres campesinas, tradicionalmente limitadas a roles impuestos, defiendan los derechos de la naturaleza y los de sus comunidades frente a grandes empresas que buscan llevar a cabo proyectos que degradan el medio ambiente. La experiencia de estas mujeres ha sido fundamental para que se reconozcan no solo sus propios derechos, sino también para empoderarse y organizarse en comunidad, promoviendo acciones coordinadas contra el extractivismo en sus territorios (Corzo, 2019).
En conclusión, el enfoque de género es esencial en la TEJ, pues asegura que las políticas y prácticas energéticas no perpetúen las desigualdades existentes, sino que promuevan la equidad e inclusión. Integrar la perspectiva de género en la TEJ tiene el potencial de empoderar a las mujeres y promover su participación activa en la toma de decisiones, lo que contribuye al fortalecimiento de la justicia social e igualdad.