En el contexto de la TEJ, el concepto de “desfosilización” hace referencia al proceso de eliminación o reducción del uso de combustibles fósiles y su participación en las matrices y los sistemas energéticos de los países. En pocas palabras, este término representa el objetivo fundamental de disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y, en última instancia, prescindir por completo de ellos.
Como hemos mencionado en otras secciones de este libro, el abandono gradual y progresivo de los combustibles fósiles, definidos por el IPCC (2018) como “combustibles basados en carbono procedentes de depósitos de hidrocarburos fósiles, incluidos el carbón, el petróleo y el gas natural”, es una de las premisas y objetivos de la TEJ (Bertinat, 2016), en vista de que su utilización es una de las causas principales de la crisis socioecológica (incluyendo la crisis climática) que estamos viviendo.
El uso de los combustibles fósiles es responsable de agravar la crisis climática (el IPCC [2021] ha concluido que el 86 % de los GEI provienen de la quema de combustibles fósiles) y de generar contaminación del aire, el agua y los ecosistemas en general. La revista internacional de ciencia Nature (2023) publicó un artículo, a propósito de la COP28, indicando sin ambigüedades que “la eliminación gradual de los combustibles fósiles no es negociable. Los líderes mundiales le fallarán a su gente y al planeta a menos que acepten esta realidad”.
Desde la perspectiva puramente climática, un estudio publicado en 2021, titulado Combustibles fósiles no extraíbles en un mundo de 1.5 °C (Welsby et al., 2021), calculó (utilizando un modelo global de sistemas energéticos) la cantidad de combustibles fósiles que deberían permanecer en el subsuelo, tanto en el ámbito regional como global, para permitir una probabilidad de apenas el 50 % de limitar el calentamiento a 1.5 °C, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.
Bajo esa premisa, el estudio concluyó que, para el año 2050, casi el 60 % del petróleo y del gas metano fósil y el 90 % del carbón deben permanecer sin extraer para mantenernos dentro de un presupuesto de carbono que evite aumentar la temperatura global por encima de 1.5 °C. De acuerdo con el estudio, esto implica que la mayoría de las regiones alcancen su pico de producción de hidrocarburos ahora o durante la próxima década (2030), lo cual hace que muchos proyectos de combustibles fósiles en funcionamiento y planificados sean inviables y deban abandonarse. El estudio también reconoce que probablemente está subestimando los cambios requeridos, debido a que una probabilidad mayor al 50 % de limitar el calentamiento a 1.5 °C requiere que un porcentaje aún mayor de combustibles fósiles permanezca en el subsuelo.
En la trayectoria actual, lograr lo anterior resulta difícil, dado que los combustibles fósiles continúan dominando el sistema energético global. Según la ONU, alrededor del 80 % de la energía mundial y el 66 % de la generación de electricidad provienen actualmente de combustibles fósiles (ONU, s. f.b). Como han indicado algunos autores, la economía mundial está basada en los combustibles fósiles y en otros recursos agotables, y es capaz de ir hasta los confines de la tierra para conseguirlos, aunque esto equivalga a perturbar y contaminar la naturaleza y los medios para la supervivencia humana (D’Alisa et al., 2015). Sin embargo, es esencial que el mundo entero asuma el reto y alcance el objetivo: nuestra supervivencia depende de ello.
Por su parte, algunos partidarios del decrecimiento contribuyen a las razones por las cuales es necesario abandonar el uso de los combustibles fósiles, analizando problemáticas que van más allá de lo climático y ecológico (Floyd et al., 2020). Para ellos, las economías basadas en combustibles fósiles favorecen sistemas tecnológicos complejos que requieren burocracias especializadas para gestionarlos. Esta situación, consideran, perpetúa estructuras jerárquicas no igualitarias y antidemocráticas, que se oponen a la autonomía y la democratización de la energía y los sistemas energéticos (D’Alisa et al., 2015; véase Democratización).
En el caso colombiano, es pertinente recordar que la matriz energética se compone mayoritariamente de combustibles fósiles (véase Matriz energética y matriz eléctrica). Algunos estudios, a partir de sus propios análisis, han concluido que casi el 96 % de la energía primaria producida en Colombia proviene de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y que el 60 % de esa energía primaria se exporta sin procesar (Vargas et al., 2022). Otros han concluido también que los sectores con más alto consumo de energía fósil son (en orden) el sector de transporte (combustibles), el sector de industria (gas y carbón), el sector de generación de electricidad (gas y carbón) y el sector residencial (gas) (Thema y Roa, 2023).
Analizando los riesgos que supone para Colombia su dependencia de los combustibles fósiles, otras organizaciones han resaltado que “la dependencia actual a las energías fósiles es un factor de vulnerabilidad económica: cerca del 32 % de los ingresos de Colombia dependen de las exportaciones de petróleo, del cual solo tiene un 0,1 % de las reservas mundiales” (Censat Agua Viva et al., 2022).
En ese contexto, “desfosilizar” implica reemplazar las fuentes de energía (tanto energía primaria como electricidad) por fuentes no emisoras de GEI, como las FNCER. La desfosilización en Colombia supone entonces un reto inmenso, que cobra especial relevancia a la luz de la TEJ. Este reto se compone de múltiples aristas, una de las cuales tiene que ver con los subsidios que reciben los combustibles fósiles (a lo largo del mundo) (Timperley, 2021; Harring et al., 2023a) y que necesariamente deben dejar de recibir (véase Subsidios). Entre estos se encuentran los subsidios implícitos provenientes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que se creó en 2007 con el objetivo de atenuar en el mercado interno el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales de los combustibles, y cuyos recursos han subsidiado desde entonces los precios internos de estos.
En relación con el FEPC, la Ley 2294 de 2023 (art. 244) encomendó al MHCP y al MME la tarea de establecer mecanismos diferenciales de estabilización de precios de los combustibles líquidos y determinar su focalización, así como los subsidios a estos, partiendo de los principios de eficiencia y progresividad. Con base en la disposición legal mencionada, el MHCP (2023b) expidió cierto proyecto de decreto que reconoce en sus consideraciones que los recursos públicos destinados a garantizar menores precios de combustibles líquidos fósiles a los precios internacionales son altamente regresivos, pues benefician principalmente a las personas con mayores ingresos 1. El MHCP ha indicado, sobre el mismo tema, que “la reducción de los subsidios implícitos a los combustibles líquidos fósiles promueve la transición energética y facilitan la descarbonización de la economía” (MHCP, 2023a).
Otro tema relevante en el contexto económico tiene que ver con los gravámenes (v. g., impuestos) a los combustibles fósiles, que deberían crearse e incrementarse de manera progresiva. Al respecto es relevante mencionar que en Colombia solo existe el impuesto al carbono, contenido en la Ley 1819 de 2016 (art. 221). Este impuesto adolece de las insuficiencias descritas en otras secciones de este glosario.
Aunque en Colombia no existe ninguna disposición constitucional o legal que se refiera de manera expresa a la desfosilización de la economía, la matriz energética o la matriz eléctrica, es menester recordar que el país ha manifestado su decisión de adherirse a varios instrumentos internacionales que propenden a la cesación de la explotación y uso de combustibles fósiles. Entre ellos se encuentran la Alianza para Superar el Carbón en la Generación de Energía (Powering Past Coal Alliance [PPCA]) 2, la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (Beyond Oil and Gas Alliance [BOGA]) 3, y el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles (TNPCF) 4.