El término “decrecimiento” fue propuesto por primera vez en 1972 por André Gorz, precursor de la ecología política (D’Alisa et al., 2015). Aunque se trata de una noción que no cuenta con una definición unívoca, los economistas ecológicos han definido el decrecimiento como una reducción equitativa de la producción y el consumo, que disminuye los flujos de energía y materiales (D’Alisa et al., 2015).
En términos generales, el decrecimiento constituye una crítica al crecimiento y su imperativo gemelo, el desarrollo, los cuales son vistos como los pilares alrededor de los cuales giran, en general, las sociedades humanas actuales.
Como parte de esta crítica a los “imperativos gemelos”, los defensores del decrecimiento han cuestionado y desafiado otras nociones e indicadores relacionados, como el capitalismo, el desarrollo sostenible (según la definición acuñada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU en 1987, tras la publicación del informe titulado Nuestro futuro común, más conocido como Informe Brundtland) y el producto interno bruto (PIB) (Villegas Mendoza, 2021).
Así las cosas, el decrecimiento puede concebirse como un movimiento o conjunto de propuestas que ofrece alternativas a los imperativos de crecimiento y desarrollo, donde el objetivo es contener las actividades humanas y los impactos derivados de ellas sobre el medio ambiente y los ecosistemas terrestres, dentro de los límites biofísicos del planeta identificados por la ciencia. Lo anterior se relaciona con los planteamientos de Nicholas Georgescu-Roegen, uno de los fundadores de la economía ecológica y la bioeconomía, quien llegó a la conclusión de que, incluso en un escenario sin crecimiento, el consumo continuado de recursos escasos por parte de la humanidad conduciría inevitablemente a su agotamiento absoluto. Por lo tanto, el problema en cuestión no es simplemente dejar de consumir cada vez más, sino reducir el consumo de manera progresiva (D’Alisa et al., 2015).
Durante décadas, estudios científicos han explorado los límites ecológicos del planeta, con base en los postulados de André Gorz y Nicholas Georgescu-Roegen. En 1972, el informe Límites del crecimiento, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) (Meadows et al. 1972), alertó sobre una crisis global inminente debido al agotamiento de recursos y el deterioro ambiental. Este informe, que fue pionero en destacar la importancia de reconocer y respetar los límites planetarios, concluyó que el resultado más probable del escenario habitual (business-as-usual) será una crisis inevitable a escala mundial, caracterizada por una disminución de la capacidad industrial, un rebasamiento de la capacidad de la tierra para absorber la contaminación, el agotamiento de recursos no renovables, la disminución de los niveles de vida y el colapso de la población, entre otros (Hickel, 2019).
Con base en estas conclusiones, en 2009, un grupo de científicos del Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, dirigido por Johan Rockström, identificó nueve “límites planetarios” (o fronteras planetarias), señalando los umbrales críticos que no debemos traspasar para garantizar la estabilidad del sistema terrestre (Rockström et al., 2009; Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo, s. f.). La conclusión a la que se llegó es que superar estos límites podría desencadenar cambios ambientales irreversibles y catastróficos, y que por ende resulta urgente adoptar medidas para mantener un “espacio de operación seguro” para la humanidad dentro de los límites de la Tierra.
Para algunos defensores del decrecimiento, las conclusiones del informe Límites del crecimiento fueron insuficientes, al centrarse solo en los límites de los recursos, sin abordar la necesidad de un cambio de paradigma (Villegas Mendoza, 2021). Jason Hickel, entre ellos, advierte que ver los límites como obstáculos por superar para mantener el crecimiento económico puede ser peligroso, pues fomenta la creencia de que, si podemos encontrar nuevas reservas o reemplazar recursos tradicionales con otros nuevos, no hay necesidad de preocuparnos por los límites del crecimiento.
Según él, el problema del crecimiento económico no es solo la escasez de recursos, sino también la degradación continua de los ecosistemas (Hickel, 2019). Sostiene que, incluso con nuevas tecnologías y recursos, el crecimiento puede llevar a un colapso irreversible, al exceder los presupuestos de carbono establecidos en el Acuerdo de París. Estimaciones muestran que las tendencias actuales (basadas en el crecimiento continuo) podrían resultar en un calentamiento global de 4.2 °C para 2100 (Hickel y Kallis, 2020), muy por encima de los límites de 1.5 °C y 2° C establecidos en el mencionado tratado internacional.
Con base en lo anterior, algunos defensores del decrecimiento han propuesto medidas relacionadas con el sector minero-energético, las cuales guardan cierta afinidad con los pilares de la TEJ expuestos en este libro. Estas medidas incluyen:
Establecer límites máximos sobre las emisiones totales permitidas a cada país (reemplazando compromisos puramente voluntarios, como las contribuciones nacionales determinadas [NDC, por sus siglas en inglés]).
Crear y aplicar efectivamente impuestos al carbono.
Abolir por completo los subsidios a los combustibles fósiles.
Promover la desinversión en la industria de combustibles fósiles, así como la inversión en energías renovables de reemplazo.
Implementar programas sociales que fomenten cambios en el estilo de vida de las personas hacia la eficiencia y la reducción del consumo.
Establecer normas que sometan el sector energético al control público (Villegas Mendoza, 2021).
Según los postulados del decrecimiento, todas estas medidas deben ir acompañadas de una disminución generalizada del consumo de energía a nivel social (Mastini et al., 2021). Esto puede lograrse, por ejemplo, a través de esquemas de descentralización y democratización de la energía, como las comunidades energéticas, siempre y cuando se priorice la satisfacción de necesidades humanas sin producir o consumir en exceso.
Finalmente, el decrecimiento defiende el establecimiento de topes duros, como los límites a las emisiones de GEI y, por ende, al consumo de combustibles fósiles.