Según el glosario del IPCC (2018), la “mitigación del cambio climático” se define como la intervención humana destinada a reducir las emisiones o mejorar los sumideros de GEI. El mismo glosario define las “medidas de mitigación”, en el contexto de la política climática, como las tecnologías, procesos o prácticas que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Entre los ejemplos mencionados en el glosario se incluyen las tecnologías de energía renovable, los procesos de minimización de desechos y las prácticas que promueven el uso del transporte público.
En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 1931 de 2018 definió la “mitigación de gases de efecto invernadero” como la gestión que busca reducir los niveles de emisiones de GEI en la atmósfera, a través de la limitación o disminución de sus fuentes de emisiones y el aumento o mejora de los sumideros y reservas de GEI. La misma ley indica que, para sus efectos, la mitigación del cambio climático incluye las políticas, programas, proyectos, incentivos o desincentivos y actividades relacionados con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de REDD+ (ENREDD+).
El CONPES 3700 de 2011 estableció un vínculo entre la mitigación del cambio climático y las políticas y programas de desarrollo bajo en carbono basados en ecosistemas. Su objetivo fue articular las políticas y acciones existentes en materia de cambio climático, fortaleciendo un enfoque de mitigación destinado a detener o reducir las causas que amenazan la integridad, estructura y funcionalidad de los servicios ecosistémicos del país debido al cambio climático.
Sin embargo, gran parte de las medidas de mitigación contenidas en ese instrumento se centraron en fomentar y desarrollar mecanismos como los mercados de carbono, que, lejos de propiciar una reducción efectiva de las emisiones de GEI en sus lugares de origen, permiten la compensación económica de dichas emisiones (es decir, no las evitan). Esta situación ha desviado la atención de las medidas realmente necesarias ante la urgencia de la crisis climática (véase Falsas rutas hacia la descarbonización).
Este enfoque halló respaldo en las estructuras de la CMNUCC, que permiten que los países “Anexo I” (países industrializados del norte y aquellos con economías en transición) fortalezcan las capacidades de mitigación de los países “No anexo I” (principalmente países del hemisferio sur) a cambio de derechos de emisión, mientras que estos últimos compensan a los primeros por su abundancia natural.
Es común observar que las negociaciones y acciones de cooperación internacional en materia de mitigación se centren en la conservación de ecosistemas estratégicos, como la Amazonía, mientras que la discusión sobre la salida o reducción gradual de los combustibles fósiles apenas comienza a cobrar relevancia en la actualidad (Lewis et al., 2022).
Según estimaciones científicas, los sistemas energéticos son la fuente de dos tercios de las emisiones globales de CO2 (Foster y Elzinga, s. f.). De esta manera, las acciones de mitigación del cambio climático en el sector minero-energético resultan urgentes. En el caso de Colombia, sin tener siquiera en cuenta las emisiones de GEI asociadas a los combustibles fósiles exportados por el país a otros lugares del mundo, el sector minero-energético representa el 30 % de las emisiones de GEI nacionales (Gobierno nacional de Colombia, 2020). Sin embargo, una gran parte de las políticas nacionales ha dejado por fuera la contribución en emisiones de GEI que proviene de los combustibles fósiles en Colombia (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia y Fundación Heinrich Böll – Oficina Bogotá, Colombia, 2023).
Si bien el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés) representa el 58 % de las emisiones nacionales de GEI (Gobierno nacional de Colombia, 2020), la mitigación de estas emisiones tiene un impacto relativamente inferior al que podría tener la mitigación de las emisiones de GEI asociadas a la explotación, producción, consumo y exportación de combustibles fósiles en el mundo.
Según el inventario de emisiones de Colombia, el país contribuye aproximadamente con entre el 0,57 % y el 0,62 % de las emisiones globales de GEI (World Resources Institute, 2021). Aunque este valor podría parecer insignificante en comparación con las emisiones totales en el ámbito mundial, la realidad es que Colombia es un emisor de mediana escala, emitiendo más GEI por unidad de PIB que otros países con una extensión territorial y poblacional mucho mayor, como Estados Unidos (Grupo Banco Mundial, 2020).
Estos datos confirman que la responsabilidad por la mitigación del cambio climático, si bien es diferenciada, es compartida entre todos los países, incluyendo a Colombia. Este es el principio que orienta los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París, a pesar de que en la actualidad no existe consenso sobre la forma de mitigar las emisiones de GEI provenientes de las distintas actividades que involucran los combustibles fósiles.