Según el glosario del IPCC, la “resiliencia” es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosos respondiendo o reorganizándose para mantener su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación.
En relación con la noción de “resiliencia”, el glosario también se refiere a la “capacidad de afrontamiento”, definida como la capacidad de las personas, instituciones, organizaciones y sistemas para abordar, manejar y superar condiciones adversas a corto o mediano plazo, mediante el uso de las aptitudes, valores, convicciones, recursos y oportunidades disponibles (IPCC, 2018).
En el contexto del ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 2169 de 2021 partió de la definición del IPCC mencionada. En ese sentido, definió la “resiliencia climática” como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa, producto del cambio climático, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje, transformación y desarrollo.
Esta aproximación a la resiliencia reconoce la importancia de enfrentar tanto los impactos climáticos como sus causas subyacentes, implicando la intervención en estas últimas, que generan perturbaciones y daños. Por lo tanto, se hace hincapié en evaluar las capacidades de afrontamiento, gobernanza, institucionalidad y adaptación de los territorios, los Estados y las comunidades (IPCC, 2018).
La resiliencia climática y la soberanía energética interactúan cuando se implementan tecnologías de generación de energía a pequeña escala y adecuadas en lo local, las cuales satisfacen las necesidades diarias de las comunidades y son gestionadas democráticamente por municipalidades y comunidades. Esto podría proteger la biodiversidad, fortalecer los derechos a la tierra de comunidades locales y pueblos étnicos, así como reducir la inseguridad energética. Todo ello contribuiría a aumentar la resiliencia frente a desastres climáticos y futuras crisis de salud pública (Amigos de la Tierra Internacional, 2020a).