Las “resoluciones” son actos administrativos expedidos por autoridades administrativas para regular situaciones jurídicas, tanto generales como particulares, relacionadas con asuntos de su competencia. Las resoluciones se expiden conforme a las competencias definidas en la ley, con el fin de adoptar decisiones o fijar procedimientos (SUIN-Juriscol, s. f.).
Una resolución de carácter general es una norma dirigida a un grupo plural de individuos que se encuentran en la(s) situación(es) descrita(s) en el texto del articulado, según su ámbito de aplicación. Las resoluciones de carácter general pueden tener efectos erga omnes, es decir, efectos contra todos o respecto de todos (CC, s. f.b). Por otro lado, una resolución de carácter particular es una norma o decisión que se dirige en específico a una persona o grupo de personas, afectándolos de manera directa.
Para tener en cuenta
En el contexto de la TEJ, diversas autoridades administrativas emiten resoluciones, tanto de carácter general como particular, relacionadas con aspectos relevantes para su consolidación, implementación y alcance efectivo. Entre estas autoridades se encuentran el MME, la CREG, la UPME y la SSPD.
Un ejemplo de resolución de carácter general se halla en los reglamentos, así como en las normas que buscan determinar la conducta de todas las personas que participen, actual o eventualmente, en una actividad específica o en la prestación de un servicio. Un caso ilustrativo es la Resolución CREG 80 de 2019, que establece reglas generales de comportamiento de mercado para los agentes involucrados en los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible.
Por otra parte, un ejemplo de resolución de carácter particular son las resoluciones emitidas por la SSPD para imponer sanciones a prestadores de servicios públicos específicos o las resoluciones expedidas por las autoridades ambientales, como la ANLA y las CAR, para otorgar licencias o permisos ambientales concretos.
Recientemente, la CREG implementó una nueva nomenclatura para numerar sus resoluciones, con el fin de distinguir entre diferentes tipos y categorías. Esta nueva nomenclatura permite clasificar las resoluciones en: 1) resoluciones definitivas y proyectos de resolución, 2) resoluciones generales y particulares, y 3) resoluciones y proyectos según la materia o el servicio regulado, que incluyen energía eléctrica, gas natural (gas fósil), gas licuado del petróleo, combustibles líquidos y varios servicios (Valencia, 2022).
Como lo ha indicado la CC, las resoluciones, al igual que otros actos administrativos expedidos por autoridades de los diferentes ordenes territoriales, existen y son válidas desde el momento mismo de su expedición, pero no producen efectos jurídicos, es decir, no tienen fuerza vinculante, sino a partir de que se realiza su publicación, tratándose de actos (v. g., resoluciones) de carácter general, o su notificación, cuando se trate de actos administrativos (v. g., resoluciones) de carácter particular (Sentencia C-957 de 1999).