El “control político” es un mecanismo fundamental dentro del sistema político colombiano, asignado principalmente al Congreso de la República (Sentencia C-198 de 1994, consideración jurídica n.° 2.1). Se fundamenta en la supervisión y fiscalización que realizan los órganos legislativos sobre las acciones de la rama ejecutiva y sus funcionarios, con el propósito de garantizar la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento del Estado.
La jurisprudencia constitucional ha delineado el control político en dos vertientes: en un sentido amplio y en un sentido estricto. En su interpretación amplia, se refiere a cualquier actividad llevada a cabo por el Congreso de la República con el propósito de cuestionar o investigar las acciones de las otras ramas del poder público, otros organismos estatales e incluso de personas privadas, siempre y cuando dichas acciones tengan repercusiones en los intereses generales.
La CC ha afirmado que esta función de control político se ejerce mayormente a través de los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico, además de utilizar diversos instrumentos y llevar a cabo diferentes actividades en el ejercicio de sus otras funciones (legislativa, de reforma constitucional, electoral, de investigación, entre otras; Sentencia C-432 de 2017, consideración jurídica n.° 43).
En el marco de la CP, el control político se ejerce mediante herramientas como las interpelaciones, las citaciones a debates de control político, las comisiones de investigación, los informes de gestión y los debates parlamentarios de control. Tras la reforma política introducida por el Acto Legislativo 01 de 2017, se fortaleció su aplicación nacional, departamental y municipal, con sus respectivos alcances.
Además, nuestra CP facilita el ejercicio del control político ciudadano como una expresión del derecho a la participación. Este derecho permite a los ciudadanos vigilar y supervisar las acciones del Gobierno. A diferencia del control político ejercido por la rama legislativa, el control político ciudadano se fundamenta en la participación activa de la sociedad civil, la demanda de transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos fundamentales.
Las siguientes secciones exploran el control político desde la perspectiva de los órganos de representación, el derecho a la protesta pacífica, la interacción con los medios de comunicación y los espacios de debate de la sociedad civil.