En el capítulo 1 se exploraron varios conceptos y derechos relacionados con la TEJ en Colombia. Con base en ellos, este capítulo aborda y explica los principales mecanismos jurídicos y políticos mediante los cuales es posible promover su materialización y asegurar su cumplimiento.
De manera preliminar, partimos de la siguiente propuesta de clasificación de los derechos, en función de su fuente normativa:
Constitucionales: su fuente es la CP.
Legales: están consagrados en leyes, decretos leyes o decretos reglamentarios.
Regulatorios: aquellos contenidos en actos administrativos de carácter general, como las resoluciones.
Supranacionales: aquellos originados en instrumentos de derecho internacional público ratificados y adoptados en Colombia, mediante leyes internas.
En relación con los mecanismos jurídicos y políticos que provee nuestro ordenamiento para exigir el cumplimiento de los derechos mencionados, partimos de esta clasificación:
Administrativos: se ejercen ante las autoridades administrativas, como los ministerios (por ejemplo, el MME o el MHCP), departamentos administrativos (por ejemplo, el DNP), unidades administrativas especiales (por ejemplo, la UPME), comisiones de regulación (por ejemplo, la CREG), superintendencias (por ejemplo, la SSPD), secretarías, entes de control, entre otros.
Judiciales: se surten ante una autoridad judicial que goza de competencia para resolver situaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos, así como eventuales conflictos entre ellos. La CSJ, la CC y el Consejo de Estado son los órganos de cierre (últimas instancias) de las principales jurisdicciones en Colombia, esto es, la jurisdicción ordinaria, la constitucional y la contencioso-administrativa, y tienen competencia en todo el territorio nacional. Además, la rama judicial del poder público en Colombia incluye jurisdicciones especiales (compuestas por las autoridades de los pueblos indígenas y por los jueces de paz), la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura (Rama Judicial, s. f.).
Internacionales: se tramitan ante los sistemas internacionales de protección de DD. HH. Este capítulo se refiere principalmente al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH).
De participación ciudadana: implican la organización de los ciudadanos, las comunidades y la sociedad civil para reclamar derechos ante autoridades nacionales, departamentales o distritales. Abarcan los mecanismos que ha definido la CP para hacer valer la voluntad del popular.
Políticos: abarcan aquellas acciones estratégicas que se ejercen ante las autoridades de representación, como el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales, los concejos distritales y las juntas de acción comunal.
El sistema normativo y la realidad social colombiana plantean grandes desafíos para las personas y comunidades que buscan ejercer/materializar sus derechos. En este proceso, enfrentan barreras como desigualdad socioeconómica, riesgos de corrupción, violencia y conflicto armado, congestión judicial, desconocimiento de los derechos, falta de acceso a la información, estigmatización de grupos históricamente discriminados, entre otras.
En vista de lo expuesto, y aunque no es posible desconocer la persistencia de estas barreras, el propósito de este capítulo es proporcionar al lector una explicación clara sobre los mecanismos jurídicos que facilitan el ejercicio y la protección los derechos relacionados con la TEJ en Colombia. Para efectos de claridad, el capítulo se divide en seis secciones: Presupuestos básicos para el ejercicio de los mecanismos de protección de derechos; Mecanismos administrativos; Mecanismos judiciales nacionales; Mecanismos judiciales internacionales; Mecanismos de participación ciudadana; y Control político.